- El organismo recaudador no debe recurrir a los tribunales y actuará por la vía administrativa tal como opera cuando se trata de una tasación que a su juicio no corresponde al precio de mercado.
- Si esta norma hubiera existido en marzo es probable que parte de la ampliación de la querella del Servicio contra 27 personas ligadas al caso Penta habría sido bastante más discutida.
Otro costo del caso Penta: La persecución a los grandes evasores que planearon Jorratt y Vargas y que terminó por quebrar al SII
- La denuncia contra los hermanos Calderón, seguida por las querellas contra los Ossandón y los Errázuriz, era parte de una estrategia de la Dirección Nacional del Servicio para infundir miedo entre los grandes contribuyentes.
- La irrupción del caso Penta se enganchó bien con esa política, pero cuando éste derivó a SQM la alianza entre Michel Jorratt y Cristián Vargas se rompió.
SII dispuesto a arriar la bandera del “caiga quien caiga” al reducir la posibilidad de que grandes contribuyentes terminen en tribunales
- El director (s) Juan Alberto Rojas creó un comité de subdirectores para que le recomienden si perseguir penalmente casos de delitos tributarios.
- Tras esto, el golpe de realizar o no las próximas querellas es absorbido por el Servicio de Impuestos Internos como organismo y no por quien toma la decisión.
Alfredo Alcaíno: la caída de uno de los abogados del Olimpo
- Es el asesor histórico de Empresas Penta y como tal le correspondió coordinar las defensas de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín cuando se vieron enfrentados a su momento más crítico.
- Sus pares en el foro apuntan a que cometió un error garrafal al abandonar a Hugo Bravo, que actuó desde una plataforma de omnipotencia y minimizó los escenarios. También, a que estaba sobrepasado por la defensa de otro cliente: León Vial en el caso Cascadas.
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El escándalo del litio que enloda a Solminihac
Tras el sunami que ha significado la “arista SQM”, no muchos repararon que el nombramiento de Patricio de Solminihac Tampier quizás no era el más adecuado para ocupar la gerencia general de la compañía, en reemplazo del histórico Patricio Contesse.
Sin embargo, en Icare sí fue motivo de comentarios que la nueva cabeza de SQM había estado directamente involucrado en el escándalo del litio en septiembre de 2012. En esa fecha, la firma de Julio Ponce Lerou se adjudicó la licitación de 100 mil toneladas de litio por 20 años. Sin embargo, una serie de inconsistencias salieron a la luz pública y el entonces subsecretario de minería, Pablo Wagner, el mismo que había sido el responsable de llevar a cabo el concurso, tuvo que invalidarlo. Esto le costó el puesto a él y a la jefa de la División Jurídica de esa cartera, Jimena Bronfman. Se abrió una investigación judicial a cargo de la Fiscalía Centro Norte por falsificación de instrumento público y perjurio en contra de SQM y los dos ejecutivos que la representaron en la subasta pública: Ricardo Ramos y Patricio de Solminihac, subgerente de la firma y hermano del ministro de minería de la época, Hernán de Solminihac.
En el marco de esa investigación, en diciembre pasado, el jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, José Morales, pidió al ex subsecretario de Minería levantar el secreto bancario sobre sus productos financieros, informó The Clinic.
La diligencia encargada por Morales se daba en paralelo a la investigación que llevaba en contra de Wagner su colega del Ministerio Público Oriente, Carlos Gajardo, por el Pentagate. Entre las acusaciones que enfrenta Wagner se encuentra la de cohecho que deriva del hecho que recibía $3 millones mensuales de Empresas Penta mientras ejercía como subsecretario.
Durante la investigación del fiscal Gajardo, apareció una boleta que emitió la cuñada de Pablo Wagner, María Carolina de la Cerda, en 2009 a SQM que estaban vinculadas a la campaña de Joaquín Lavín. Ese fue el comienzo de la madeja que vinculaba a la salitrera con el financiamiento de la política. Lo que no logró el escándalo Cascada, sí lo pudo hacer lo que se inició con una boleta: que tres directores representantes de la candiense Potash renunciaran porque en palabras de uno de ellos, José María Eyzaguirre: “no están dadas hoy en Chile las condiciones para que la compañía haga lo que tiene que hacer”.
Actualmente, Pablo Wagner se encuentra en prisión preventiva imputado por delitos tributario, de cohecho y lavado de activos en el marco del caso Penta.
Desde esta perspectiva, Solminihac podía ser el ejecutivo más experimentado para reemplazar a Contesse, pero no el más impoluto.
Publicado por El Mostrador Mercados, jueves 19 de marzo de 2015.
Matías Larraín: Los fondos de inversión y las AFP fiscalizan, pero son reticentes a demandar a los infractores
- El especialista en regulación financiera, Matías Larraín, analiza cada uno de los casos que han conmovido al mercado de capitales en los últimos años. Señala que por lejos el más grave a su juicio es el de La Polar.
- “Las AFPs detectaron el problema de la valoración de activos en el caso Enersis; y una administradora de fondos (Moneda) inició las primeras denuncias por el caso Cascada. Dicho de otra forma, estos casos los han levantado los inversionistas, no la autoridad. Y ellos han ejercido presión por sanciones cada vez más severas”, reconoce Larraín.
- Sin embargo, “tengo la impresión de los inversionistas institucionales en general no están terminando el ciclo de control de pares como inversionistas”, advierte.
La solitaria cruzada de algunos socialistas por esclarecer las privatizaciones en Chile que los lleva a cuestionar el modelo
- Que cuatro diputados socialistas interpongan una querella por el caso Penta puede explicarse en parte por oportunismo político, pero también por la idea de que la desigualdad en Chile tiene su origen en el proceso de privatizaciones de los 80.
- Dos comisiones investigadoras (una a inicios de 1991 y otra en 2004) hicieron un catastro completo de las empresas traspasadas a manos privadas. Ambas fueron lideradas por militantes del PS.