- Este monto equivale a tres veces el presupuesto anual del Servicio de Impuestos Internos.
- En materia penal, el Ministerio Público está a punto de cerrar la investigación.
Publicado por La Segunda, viernes 19 de mayo de 2017
Infografía: La Segunda
Entre 2012 y 2017, el Servicio de Impuestos Internos (SII) ha emitido liquidaciones a sociedades o integrantes de la familia Ossandón Larraín por $680.159 millones. Estos US$1.046 millones en impuestos que pretende cobrar son los más altos de la historia de este organismo a un grupo y equivaldrían a más de 3 veces el presupuesto del organismo para este año. La cifra liquidada es muy superior a los casi US$6,5 millones ($4.000 millones) que hizo al grupo Penta. En ambos casos, el SII se querelló por delitos tributarios.
La posibilidad de que esas liquidaciones se puedan concretar en pagos es remota “porque no se hicieron contra las empresas que incrementaron su patrimonio y que tienen bienes suficientes –Lomas de la Dehesa o Inversiones Cordillera-, sino contra sociedades que no tienen patrimonio o personas naturales cuyo patrimonio personal es insuficiente para pagar los impuestos adeudados”, explica Paulo Montt, socio de Gandarillas, Montt, del Río & Krause, quien defiende en lo civil a Manuel Ossandón, el hijo que rompió con su familia.
Historia de un cisma
La familia Ossandón Larraín está formada por Gabriel Ossandón Valdés, María Soledad Larraín Troncoso y sus cinco hijos: Bernardo, Gabriel, Manuel, María Soledad y María Teresa, primos del precandidato presidencial, Manuel José Ossandón Irarrázabal. La fortuna familiar viene del abuelo materno, Bernardo Larraín Vial, quien heredó parte de la Hacienda La Dehesa en los años cincuenta, correspondiéndole lo que hoy es el loteo privado “Golf Lomas de La Dehesa” y otros terrenos ubicados cerca de la cota mil que suman 1.500 hectáreas en Lo Barnechea.
En 2004, Manuel Ossandón se fue a Estados Unidos y le dejó un poder a su hermano mayor, Bernardo, para que gestionara su patrimonio personal, que llegaba a unos US$ 200 millones al igual que lo que tenían cada uno de sus otros cuatro hermanos.
A su regreso (2009), se dio cuenta que todos los activos de la familia habían sido traspasados a una Fundación Educacional BLV, de origen panameño, cuyo objeto es “ayudar a los descendientes en línea recta de los fundadores a que vivan en forma digna y reciban una educación tanto valórica como técnica, de calidad”. Tiempo después tuvo acceso al reglamento interno de la misma que lo excluía de la administración.
A lo que se añadió que un pagaré emitido a su favor por US$ 120 millones, no fue pagado. Situación que también ocurrió con los otros integrantes de la familia.
La madeja legal
De ahí en adelante comenzó una batalla legal que abarcó tanto lo penal como civil.
En septiembre de 2011, Manuel se querelló contra su hermano Bernardo por los delitos de falsificación, apropiación indebida, estafa y uso malicioso de instrumento público, causa que fue sobreseída en 2014. La misma suerte corrió la querella contra los abogados Rodrigo Ruiz Tagle y Marko Jürgensen por prevaricación.
Además, presentó cuatro demandas civiles con el objeto de recuperar la administración de su patrimonio, tres de las cuales perdió en primera instancia, las que ahora están en la Corte de Apelaciones y Corte Suprema.
Paralelamente, hizo diversas presentaciones al SII, donde planteó presuntas irregularidades realizadas por las sociedades familiares en los años tributarios 2009 y 2010, lo que inició una fiscalización y varias liquidaciones.
Una liquidación se produce cuando el SII determina que hay impuestos adeudados por parte del contribuyente, ya sea porque no lo pagó o porque el monto no corresponde a lo que debiera haber pagado. Si el contribuyente no está de acuerdo con la decisión, puede reclamar ante el Tribunal Tributario y Aduanero (TTA).
Esto fue lo que sucedió con las liquidaciones que el SII hizo a la familia Ossandón Larraín, las que en su mayoría fueron reclamadas ante el 3º y 4º Tribunal Tributario Aduanero y se encuentran con distintos grados de avance. Consultado el Servicio sobre los resultados, replicó que tiene obligación de reserva.
El socio de Recabarren y Asociados, Luis Felipe Ocampo, que asesora a la familia Ossandón Larraín, contestó por escrito que “los fallos dictados a la fecha por los TTA han seguido el mismo destino que las causas civiles: han ratificado nuestra postura, acogiendo las reclamaciones y reducido en forma significativa los montos liquidados. Con ello, además, se ratifica que no se ha cometido ningún ilícito en materia tributaria”. Se pidió a la empresa de comunicaciones Extend ver los fallos aludidos, pero se explicó que no eran públicos.
Sin embargo, se tuvo acceso al fallo realizado por el Primer Tribunal Tributario, donde si bien confirmó la liquidación No.418 realizada por el SII a Real State Golden Investments por $29.598 millones, le ordenó eliminar las diferencias por tipo de cambio que constituyen el grueso del cobro, al tiempo que dejó sin efecto la liquidación No. 419 por $1.089 millones a la misma sociedad. Ahora el caso se encuentra en la Corte de Apelaciones.
Otra liquidación que ya pasó por la instancia del TTA es la de Inversiones Navona Ltda (ligada a Bernardo Ossandón), que habría acogido la postura del Servicio, pero no se pudo verificar contra documento.
Por su parte, Paulo Montt señaló que en el caso de las liquidaciones contra Manuel Ossandón y DM Inversiones, el TTA falló a favor del SII.
Días claves en lo penal: ¿se acusa o no?
El 29 de mayo, el fiscal Pablo Norambuena debería decretar el cierre de la fase de investigación que se originó a raíz de la querella por delitos tributarios que presentó el Servicio de Impuestos Internos (SII) contra cinco de los siete miembros de la familia Ossandón Larraín a fines de 2014.
Ante la dificultad para cobrar los impuestos que el SII dice que se adeudan al Fisco, el juicio penal cobra importancia para el organismo, ya que por esta vía se podrían aplicar penas de cárcel y/o pecuniarias para sus autores.
La querella del SII va en contra de María Soledad Larraín, Gabriel Ossandón Valdés y sus hijos, Bernardo, María Teresa y Gabriel a quienes señala como presuntos autores de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas. Se excluyó a María Soledad y Manuel Ossandón Larraín de esta acusación.
A fines de marzo de este año, el fiscal Norambuena informó que según un peritaje de la Universidad Católica de Valparaíso, la sociedad Lomas de La Dehesa y sus activos inmobiliarios valdría entre $15.285 millones y $40.045 millones, que distan de la estimación que el SII tenía de $317.811 millones. “Estamos trabajando con supuestos de un daño patrimonial de $2.953 millones, $7.793 millones o $62.000 millones”, señaló Norambuena a La Tercera. Este sería sólo uno de los perjuicios fiscales que investiga porque hay otros montos involucrados en el traspaso que hizo la sociedad Real State Golden Investments a la Fundación BLV.
A contar del 29 de mayo y una vez ordenado el cierre de la investigación, el Ministerio Público tendrá diez días para acusar, no perseverar o sobreseer.
Si toma cualquiera de las dos últimas opciones, el SII podría utilizar un mecanismo poco habitual que es el de forzamiento de la acusación, es decir, ir como querellante a juicio oral, sin el Ministerio Público, y rendir en esa instancia sus pruebas, señala un ex asesor del Servicio.
- El 9 de junio, La Tercera publicó una entrevista a Julián López, defensor de la familia Ossandón, donde se refiere a la decisión del Ministerio Público de no perseverar en el caso.