- El Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal, dice que “la ley no nos deja solicitar información confidencial a las empresas” y ese es uno de los problemas que afrontan cuando realizan estudios de mercado. Entre los mercados no competitivos se encuentran “los notarios, 300 monopolios asignados en forma oscura”, apuntó el economista Claudio Agostini.
- Para Agostini “el saber que uno puede terminar preso en un par de meses” es un incentivo a no coludirse, en tanto que el Fiscal se mostró partidario a subir las multas. La abogado experta en este tipo de temas, Nicole Nehme, señaló que “tiene sentimientos encontrados al respecto”.
- Los gremios empresariales nuevamente fueron cuestionados por José Antonio Guzmán, ex presidente de la CPC y de Habitat, quien dijo que éstos “se han encerrado en sí mismos y han impedido el ingreso de múltiples empresarios”.
- Estas declaraciones las hicieron durante el seminario llamado “Salvando al capitalismo de los capitalistas: desafíos para la competencia en Chile”, organizado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez y Fundación Horizontal.
I Parte: Los sectores menos transparentes en materia de competencia, según los expertos.
Publicado por T13. cl, lunes 24 de noviembre de 2014.
El decano de la escuela de Gobierno de la UAI, Ignacio Briones, preguntó directamente al fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, sobre la manera en que la ley garantizaba la existencia de mercados poco competitivos. La autoridad le replicó que el decreto ley 211 que promueve y defiende la libre competencia en los mercados, no contiene excepciones. A diferencia de la estadounidense que sí protege al mundo agrícola y al cabotaje aéreo.
Dicho esto, afirmó que “las autoridades ayudan poco”. Junto con apuntar que “el Estado es de un nivel feudal insólito” y que muchos servicios “no nos ayudan o nos entregan información sin importancia”, porque lo que les interesa es mantener a su sector tranquilo. Aunque reconoció que en los últimos años se ha visto un cambio y “algunos servicios han entendido que les trae beneficios y ayudan más”.
Sobre las dificultades para estudiar el funcionamiento de los mercados, Irarrázabal mencionó que “la ley no nos deja solicitar información reservada o confidencial a las empresas. Entiendo que eso el gobierno lo está tratando de cambiar”.
Los notarios y los oftalmólogos
El economista Claudio Agostini fue punzante a la hora de enfocar sectores de la economía que tienen una “protección” amparada en la ley o en las costumbres y que atenta contra prácticas más competitivas. “En primer lugar, están los notarios, 300 monopolios asignados en forma oscura, con tarifas que ellos mismos se ponen y no hay sanciones. Tres gobiernos han tratado de cambiar esya situación y no han podido”.
También mencionó el cabotaje marítimo y el aéreo. “Las navieras extranjeras que vienen a Chile, pueden descargar en Iquique y se deben marchar vacías a Valparaíso porque no pueden hacer carga dentro del país”. Por último enumeró especialidades médicas como las de los oftalmólogos, que son “casi hereditarias” y las licitaciones de cuotas de pesca que siguen la lógica del “que tiene, mantiene”.
II Parte: ¿Cárcel para la colusión? Abogados y académicos difieren de la fórmula para resguardar la libre competencia
Publicado por T13.cl, lunes 24 de noviembre de 2014.
No hay acuerdo sobre la necesidad de hacer pagar con cárcel a quienes incurran en conductas que atenten contra la libre competencia. La abogado experta en el tema y que asesoró a Fasa en el caso farmacias, aconsejando a su cliente a cooperar con la Fiscalía Nacional Económico (FNE), Nicole Nehme, señaló que “tiene sentimientos encontrados al respecto”.
Aclaró que si bien no es penalista, considera que “el mundito de libre competencia es como un oasis, hay una buena fiscalía y ésta tiene un buen contrapeso en el Tribunal de la Libre Competencia (TLC). La Corte Suprema también funciona bien. Las discusiones son serias, profundas, y los fallos están bien fundados”.
Desde esta perspectiva, advirtió que si se incorpora la sanción penal, “habrá autoridades nuevas que entrarán a la discusión de libre competencia y los jueces del crimen no necesariamente van a tener una buen conocimiento o comprensión del problema”.
A su juicio, el ingreso de los tribunales penales “podrían aumentar la confusión. Hasta ahora se sanciona sobre la base de la explicación más plausible, pero cuando se entra en materia penal, el estándar es más alto. Se puede llegar al caso de que por el lado de libre competencia se condene un caso y por el penal resulte absuelto por existir una duda razonable. Cuando se generan expectativas altas de cárcel, esto puede generar mayor frustración social”.
Por esto, se mostró a favor de aumentar las multas e introducir sanciones penales para los casos de licitaciones públicas o de carteles muy duros.
Una perspectiva distinta y desde la economía, la tuvo Claudio Agostini, académico de la UAI, quien señaló que a su juicio era lo que faltaba en términos de legislación para lograr una política efectiva contra la colusión. “Es un incentivo a no coludirse el saber que uno puede terminar preso en un par de meses. Lo único que desincentiva la colusión es el temor a pasarse preso y potencia la delación compensada porque no sólo la persona se ahorra la multa, sino también la cárcel. Eso es lo que falta”.
Al tiempo que reconoció que fue un salto a favor de resguardar la competencia en la economía la creación del Tribunal de la Libre Competencia. El segundo paso fue la reforma de 2009 que permitió la delación compensada, medida que existe en los estados Unidos desde 1978. El tercer avance se dio con la autorización de que la fiscalía pueda acceder a herramientas de prueba dura como es el poder requisar computadores o interceptar números telefónicos. Esto fue importante porque “la Corte Suprema sólo sancionaba si habían pruebas de peso. Y esa brecha se cerró en 2009”.
El Fiscal toma la palabra
Ignacio Briones, decano de la Escuela de Gobierno, puso la siguiente pregunta sobre la mesa: “La sanción económica puede ser tan alta que termine quebrando a la empresa, que lleva a la autoridad a un problema de economía política. Desde esa perspectiva, la sanción penal puede ser mejor en este sentido que la económica”.
A lo que el fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, contestó: “entiendo el valor simbólico del derecho penal, pero también hay que ser práctico”. Señaló que en 2002 Inglaterra optó por criminalizar este tipo de conductas y doce años después sólo había un caso que se tradujo en sanciones efectivas y por tiempos muy bajos. “Los ingleses han cuestionado la efectividad porque no se ha traducido en sentencias concretas y termina siendo como el cuento del cuco . Lo mismo pasa en Grecia”, dijo.
El ejemplo de Estados Unidos también lo sacó a la palestra, pues es el único país donde hay un uso efectivo de este tipo de fallos penales. Sin embargo, señaló que de acuerdo a estudios las dos terceras partes de los sancionados con prisión son extranjeros y sólo el 1,5% de los casos llegan a ser sometidos a sentencia ante un Gran Jurado y no son los máximos ejecutivos. “EEUU con el sistema penal no ha logrado ser disuasivo y tiene un nivel de disuasión de 20%”, afirmó aludiendo a informes internacionales.
Definitivamente, Irarrázabal es más partidario de elevar las multas. “Hay una asignatura pendiente respecto a las sanciones”. El peor escenario hoy es tener una multa de 30 millones de dólares y en el caso de un cartel no es significativo.
Irarrázabal fue enfático al decir que “la palabra mágica es la disuasión. No pretendemos cubrir el 100% de las infracciones. Queremos que exista un factor preventivo. No nos obsesiona buscar sangre, sino que nos interesa propender la competencia, por eso hicimos una guía de cumplimiento”.
Y más adelante agregó, “sabemos que los ejecutivos nos van a tomar en serio si existe el temor de que pueden ser sometidos a juicio…La autorregulación es buena, pero se necesita de casos emblemáticos donde estén presentes el peor escenario”.
III Parte: La crítica de José Antonio Guzmán a los políticos y empresarios
Publicado por T13.cl, martes 25 de noviembre de 2014.
“La relación de los empresarios con la política es de alta desconfianza”, señaló José Antonio Guzmán, ex presidente de la Confederaciónde la Producción y del Comercio (CPC) y ex presidente de Habitat. “Yo no confío en los políticos porque no han sido personas que apunten a fortalecer el sistema de mercado. Han tratado de aprovecharse de los escándalos y resarcirse políticamente”, agregó crítico.
Pero no se quedó ahí. Aunque su tono de voz revelaba cierta inseguridad, no fue nada de temeroso cuando señaló que: “Tampoco veo a la clase política con un interés genuino en profundizar sus conocimientos de economía”. Relató que cuando iba a hacer sus presentaciones al Congreso, los parlamentarios no estaban escuchando lo que planteaba, algunos veían su computador, “no se si pornografía u otra cosa –en tono irónico-. Les importaba un rábano lo que yo decía”.
Y continuó, los políticos “miran a los empresarios con desprecio porque ganan plata, por el lucro, y consideran que el patrimonio del interés de social es de ellos. No visualizan la actividad social de los empresarios como algo que tiene eco”.
El otro gran eje de su presentación fue el rol de los gremios empresariales y allí tampoco tuvo tapujos en aclarar que éstos “se han encerrado en sí mismos y han impedido el ingreso de múltiples empresarios”.
A su juicio, ése es un error porque “los que pueden defender la esencia del modelo son los empresarios que están a lo largo del país y que les gusta no ser empleados del Estado”. Dijo también que las organizaciones empresariales “no han sabido incorporar a los empresarios en la defensa de los principios y se han concentrado en la defensa de sus intereses sectoriales, en vez de defender el modelo”.
Yendo un poco más allá en su argumentación, agregó que “los empresarios son más defensores de las empresas, que del modelo económico”. Eso ha llevado que cada vez que afloran casos como la colusión de las farmacias o el cartel en la industria de los pollos, las fallas de las empresas producen que se ponga en cuestión el modelo económico.
Ya al inicio de su interlocución, José Antonio Guzmán repitió lo mismo que ha dicho en sus últimas apariciones: “La respuesta de condena por parte de los gremios es escasa porque no existe una conciencia acabada del daño que se causa al sistema económico. De otro modo, serían más cuidadosos”.
En este sentido, se mostró partidario “de adoptar medidas parciales, por ejemplo, suspender el ejercicio de derechos gremiales a la espera de las resoluciones judiciales. Hasta ahora, los gremios se han asilado en la legítima investigación, pero resulta que la resolución de los casos toman cinco o diez años y por lo que cuando se falla, ya no se acuerda nadie de lo que ocurrió”.
En su opinión, “la gente frente a estos casos quiere ver sangre y quiere ver qué le costó este caso hoy a la empresa. Y no verlo en diez años más”. Además, se mostró proclive a reforzar las acciones preventivas en cuanto a la detección oportuna de casos de colusión o abuso y de comunicar las decisiones que se van tomando para aumentar la transparencia.