- En 2006, el ministerio de Hacienda –encabezado por Andrés Velasco- habría señalado al Banco Estado que suspendiera los remates de casas a la espera de que 294 mil clientes renegociaran las deudas morosas.
El primer año de gobierno de Michelle Bachelet no fue fácil. La economía se desaceleró a 4,2% en 2006 y se hizo más evidente un problema que se venía arrastrando desde años anteriores con los deudores hipotecarios de los sectores más pobres de la población que habían dejado de pagar o les era cada vez más difícil cumplir con la cuota mensual.
La sensación de injusticia por parte de ellos era mayor si se tomaba en cuenta que se habían llevado a cabo iniciativas gubernamentales que beneficiaban a unos pocos, o que muchos de esos créditos se tomaron con tasas de fines de los 90 que podían llegar fácilmente a los dos dígitos anuales, siendo que en esos momentos se lograban préstamos con interés de un dígito. Aún hoy se recuerda cuando los deudores habitacionales se metieron al banco para protestar.
Mientras se ponían en marcha los diferentes planes de reprogramación que el gobierno diseñó, hubo una señal desde el ministerio de Hacienda –encabezado por Andrés Velasco- al Banco Estado de que suspendiera los remates de casas, cuyos dueños habían entrado en mora. Velasco ha dicho que no recuerda una orden de esa naturaleza, pero fuentes del gobierno de Piñera indican que esa fue la explicación que se les dio cuando tomaron conocimiento del problema.
El Banco Estado, por su parte, explica que para que los programas pudieran ser ejecutados, la institución “retardó la activación de la cobranza judicial en caso de morosidades avanzadas, no procedió al retiro de especies embargadas cuando los juicios llegaron hasta esas instancias, y también postergó remates en tales casos”.
Las mismas fuentes del gobierno de Piñera indican que la cifra llegó a involucrar una cartera de US$ 2.000 millones, cantidad que el Banco Estado no desmiente ni confirma. Sí informa que “desde 2005 a la fecha se han beneficiado 294.807 clientes de créditos hipotecarios subsidiados, lo que da un 77% de la cartera subsidiada a diciembre de 2007”.
Publicado por El Mostrador Mercados, jueves 24 de julio de 2014.
Que las casas no salieran a remate, no fue una política publicitada por el Banco Estado. La razón era simple: si esta orden se volvía explícita, lo más probable es que el número de morosos comenzara a aumentar porque el riesgo de perder su principal bien era muy bajo. Hoy ya prácticamente ejecutadas todas las reprogramaciones, se volvió a los procedimiento de cobranzas que se usan en la industria.
Reprogramación caso a caso
El Banco Estado es el principal gestor de los créditos hipotecarios con subsidio en Chile, lo que implica que realiza muchas operaciones de préstamo, pero por montos comparativamente más pequeños que el resto del sistema.
En 2005, si bien tenía una participación de 66% medido por número de operaciones, en términos de dinero colocado llegaba a copar el 26,3% del mercado. ¿Por qué? Porque el valor promedio de los créditos para la vivienda que otorgaba el Banco Estado ascendía a $4,5 millones versus $24 millones del resto del sistema.
En la Memoria del 2005, el Banco Estado entregaba los siguientes datos: “dos de cada tres familias que tienen un crédito bancario lo hace con Banco Estado” y “el 88% de las operaciones vigentes corresponden a créditos con subsidios del Servicio de la Vivienda y Urbanismo (Serviu) que se otorgan a familias de menores ingresos”.
Dentro de esa cartera, el Banco Estado tenía diversos problemas, pero que se podría simplificar entre aquellos que se mantenían al día, pero con una posibilidad cierta de caer en mora; y los que habían dejado de cancelar sus cuotas.
En total, el gobierno emitió cinco decretos supremos desde el 2005 hasta el 2011. El primero fue el decreto 230 a través del cual el Ministerio de la Vivienda permitió pagar total o parcialmente los saldos de las deudas hipotecarias –hasta por UF52- a los beneficiarios de subsidio que estuvieran clasificados como pobres o indigentes. Ese primer paso benefició a 9.568 clientes del banco o 2,5% de la cartera subsidiada.
La medida más relevante en términos de número vino después. Un total de 171.542 clientes que representaban el 44,8% de la cartera subsidiada a partir de 2007, vieron rebajadas las tasas de sus créditos a 6,5% anual, lo que fue un alivio para aquéllos que pagaban tasas de 10% o 12% anual. Otro programa incluyó la rebaja de dividendos pagados al día. Para que los morosos pudieran acogerse a estos planes se les reprogramaba la deuda y una vez al día, se acogían a los otros beneficios.
Puestas en práctica estas reprogramaciones, vino el último y quinto decreto (DS12) en 2011, el cual rebajó dividendos pagados al día a 43.590 clientes. A través de este mecanismo, se podían y pueden lograr descuentos que varían entre 20% y 60% del dividendo para viviendas que bordean las UF300 o UF400. Sin embargo, también se incluyó la cláusula que si se deja estar al día, se tendrán que pagar dividendos por su monto original hasta que se vuelva a regularizar el pago.
En ese mismo decreto, se abrió la puerta para que 1.287 clientes pertenecientes a un segmento “extremadamente vulnerable” se le pagara su deuda completa, no sin antes haber ejecutado un copago.
De los 43.590 beneficiados, 33.141 deudores se encuentran al día y con hasta dos dividendos impagos, de manera que los clientes al día y con mora temprana de esa cartera llega al 76%, informa el Banco Estado.
La vista gorda
Fuentes del gobierno anterior sostienen que en 2006 y también en períodos posteriores, parte de la cartera social estuvo “subaprovisionada” y la Superintendencia de Bancos (SBIF) hizo la vista gorda. Consultado un ex superintendente mostró extrañeza por este dato, ya que el Banco Estado tiene resguardado su capital por medio de dos garantías: la hipotecaria y la estatal. En caso de no pago o de irrecuperabilidad del préstamo, el Fisco debe responder.
Ya con los efectos de la crisis subprime sobre el sistema financiero, el banco realizó un aumento de capital por US$ 500 millones en 2009. Coincidente con este período, en 2010, la Superintendencia de Bancos emitió una circular (No. 3503) a través de la cual se permitió a los bancos constituir provisiones adicionales anticíclicas, por concentración de cartera y otras. El Banco Estado tuvo ese año un repunte de sus provisiones al pasar de 2,75% en 2009 a 2,92% en 2010.
Si alguien duda de la función social que cumple el Banco Estado, basta revisar la participación que tiene en los distintos tramos de créditos. En octubre de 2013, concentraba el 99% de los créditos de vivienda hasta UF400, el 61% de los préstamos que van entre UF400 y UF1000, el 22% de participación en el tramo entre UF1000 y UF3000 y apenas un 2% para los montos superiores a UF3000.
Y el gobierno ha dado señales de que quiere potenciar este rol, aunque siempre existe el dilema de cumplir esta función y comportarse como un banco privado. De hecho, tiene comprometida una capitalización de US$ 470 millones que irá, de una u otra forma, a reactivar la economía, pero no necesariamente será suficiente para los desafíos que le tienen asignados.