- Si en noviembre la comisión que preside Luis Cordero comenzó a trabajar bajo un escenario, el lunes éste había cambiado sustancialmente en términos de la cantidad de conflictos que afligen al mercado.
- Sin embargo, la conclusión de sus integrantes seguía siendo la misma: hay que fortalecer la autoridad reguladora. Para ello se propuso al ministerio de Hacienda independizar a la Comisión de Valores en materia de presupuesto, robustecer la fiscalización y aumentar la autorregulación.
Hubo cambios de agenda de último minuto, pero finalmente la entrega del informe se realizó a las 10:00 de la mañana del lunes. La ceremonia prácticamente coincidió con la cuenta pública del Superintendente de Valores de un año que estuvo marcado por los escándalos.
Termina así el trabajo de cuatro expertos que se había iniciado a fines de noviembre con el objeto de fortalecer la institucionalidad del mercado de capitales, los que lograron llegar a acuerdo sobre una serie de medidas para mejorar el proyecto de ley que está en el Congreso y que crea la Comisión de Valores y Seguros. El grupo fue presidido por el profesor de derecho administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Luis Cordero, y lo integraron: Fernando Coloma, ex superintendente de Valores; Matías Larraín, socio de Barros, Claissac y Larraín; y Guillermo Tagle, director ejecutivo de IM Trust/Credicorp Capital y presidente de Icare.
Publicado por La Segunda, miércoles 22 de abril de 2015.
“Esta administración decide introducirle mejoras al proyecto en el entendido que el Gobierno quiere que vea la luz pronto”, explica Cordero. De hecho, el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, anunció ayer que antes del 21 de mayo se enviarían las indicaciones respectivas.
-¿En qué se quedaba corto el proyecto que está en el Congreso sobre Comisión de Valores y Seguros (CVS)?
-En general, hay un buen diagnóstico de ese proyecto. La pregunta es qué cosas todavía se podían mejorar. El grupo pensó que se podía mejorar en tres grandes ámbitos. El primero apuntaba a darle más independencia en el sentido de que la CVS tiene que jugar un rol que vaya más allá del ciclo de gobierno, con un órgano colegiado –de 5 miembros que duren 6 años en su cargo-, de dedicación exclusiva y con un nombramiento mixto.
-¿Está hablando de que se nombre a los consejeros como se designa a los del Banco Central a través del Senado?
-Sí, claro. Pero además que se busquen elementos de independencia presupuestaria. Lo segundo se vincula al perímetro regulatorio porque, en la actualidad, cada vez que se debe regular un instrumento financiero, hay que ir al Congreso.
-¿Perímetro regulatorio?
-Por este concepto se entiende tener flexibilidad para ir adaptando la regulación financiera a las contingencias y desarrollos de los mercados, sin esperar ir al Congreso para contar con las leyes que los regulen.
-¿Por ejemplo, los contratos de derivados u OTC que no están regulados?
– Exacto, si tuviéramos una norma amplia para capturar ese tipo de situaciones no tendríamos que ir al Parlamento para reglar derivados. Bastaría con mejorar el perímetro regulatorio que tiene que ver con la oportunidad. El Congreso evita entregar este tipo de atribuciones flexibles cuando hay agencias gubernamentales que no dan garantías de independencia, por eso es importante también proveerle de esta condición.
-También hay un punto relevante sobre fiscalización de la CVS.
-El proyecto de ley mejora las garantías de debido proceso, pero así y todo es conveniente robustecer un poco más las atribuciones de la Comisión de Valores. Para eso se faculta a la CVS, previa autorización judicial, a tener medidas intrusivas, es decir, capacidad para levantar el secreto bancario, interceptar comunicaciones, o incautar equipo.
-La Fiscalía Nacional Económica (FNE) ya opera así.
– Sí, y también lo tiene la SEC en Estados Unidos. Necesitamos dotar a las agencias gubernamentales de ese tipo de atribuciones con los contrapesos indicados. Por eso, se requiere autorización judicial.
También nos pareció relevante mejorar los incentivos para que funcione la delación compensada y vincularla al ámbito penal.
-¿Cómo se evita que una persona que confiesa un delito y queda protegida por la Ley de Valores, quede expuesta a sanción penal?
-En el caso de la Fiscalía, el proyecto que ingresó le dio la acción penal privativa. Esa es una manera de solucionarlo. La otra manera es que legalmente se reconozca a la persona exclusión de responsabilidad o una atenuante calificada. Eso ya es decisión del gobierno. La opinión del grupo de expertos es que si no se adopta una medida adecuada de delación compensada también en el ámbito penal, entonces no habrá incentivos para que funcione bien en la vía administrativa.
Un paso más allá: pagar por información
-Pero hay otro punto que es la recompensa a informantes.
-Uno de los principales problemas que se han detectado en Chile y en el mundo es que la información se encuentra entre los operadores y una manera de lograr que esos pactos de silencio se rompan tienen que ver no sólo con la delación compensada, sino con la existencia de premios económicos para los informantes.
-¿Por qué es necesario pagar por información?
-El gran desafío es poder tratar de romper estos carteles que se generan de protección para la comisión del fraude financiero y en eso estuvimos muy de acuerdo. También el grupo propuso crear fondos de compensación de víctimas en el futuro.
-Resulta chocante oírle hablar de recompensar al informante.
-Pueden resultar chocantes los privilegios o beneficios que impliquen la infracción de la ley, pero el derecho en general ocupa instrumentos de estas características para poder lograr propósitos mayores. En la delación compensada se beneficia a quien acusa primero. En la recompensa de informantes lo que se quiere es que existan instrumentos de disuasión efectivos para evitar que los ilícitos se produzcan.
Al final, lo que uno busca es evitar las coordinaciones ilícitas porque las agencias gubernamentales tienen serios problemas para desbaratar este tipo de acuerdos y capturar de manera adecuada las pruebas. La cantidad de operaciones que no son posibles de ser observadas por la autoridad requieren de sistemas de disciplina y sistemas de autorregulación creíbles para terceros porque no se debe olvidar que en el mercado financiero no sólo está comprometido el patrimonio de los agentes que intervienen en ese mercado sino también la fe pública.
Más Presupuesto
-En el proyecto se plantea financiar a la CVS a través del presupuesto general y ahora se apunta a un mayor financiamiento y más autonomía.
-El grupo plantea que se puede avanzar en una tarifa regulatoria, es decir, que los sujetos regulados terminen por financiar al regulador.
-¿Parecido a lo que sucede con la SBIF?
-Sí, pero allí hay varios problemas. Las tarifas regulatorias tienen sentido cuando el monto total del financiamiento va al regulador, pero en el caso de Chile ese monto va a rentas generales. Eso ocurre con la SBIF. Esto obedece a la ley general de administración del Estado y a la Constitución. Al final, el grupo rescató la experiencia que limita la potestad discrecional del gobierno, o sea, vincula un presupuesto a planes de largo plazo de, por ejemplo, cinco años que es similar a lo que se hizo con el gobierno corporativo de Codelco. Se evita así estar sujeto a la contingencia anual.
-También se busca homologar la remuneración del consejero a la de los consejeros del Banco Central y mantenerles el pago durante 2 años después de su salida del cargo.
-Creemos que hay que establecer normas de post empleo. Existen este tipo de reglas, pero duran seis meses y no tienen fiscalización ni compensación. Eso no nos parece razonable.
-¿Por qué?
-Hay evidencia que el post empleo no regulado traslada el conflicto de interés al sector privado. Traslado mi experiencia, mi información de lo que sucede en el organismo y de lo que viene al sector privado. Creemos que este post empleo debe ser financiado con fondos públicos y que se mantenga durante este período la inhabilidad y las incompatibilidades como si fuera una autoridad pública. Si incumple recibe sanción y también quien lo contrata. Se propone cubrir el 80% de la remuneración.
-¿Todas las normas fueron tomadas por consenso?
– Sí, todas fueron tomadas por consenso.