INVERSIONES PERSONALES: Consejeros del Banco Central se atan de manos en nuevo código de conducta, pero la amarra queda floja

Consejo del Banco Central
  • Nunca nadie ha cuestionado a un consejero del Banco Central sobre la forma en que regula sus conflictos de interés, en qué momento realiza sus inversiones personales, si participa activamente o no en política, o si consume o no drogas.
  • Por eso, sorprendió positivamente que el Consejo del Banco Central, formado por Rosanna Costa, Pablo García, Alberto Naudon y Luis Felipe Céspedes -Stephany Griffith Jones aún no había asumido-, aprobara por primera vez un Código de Conducta para Consejeros el 14 de abril recién pasado, haciéndose cargo justamente de estos temas sin que mediara presión alguna.
  • Sin embargo, la autorregulación en lo que respecta específicamente a las inversiones personales que rige desde ahora a los consejeros se quedó corta al compararla con lo que están realizando otros bancos centrales como la FED.

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Las declaraciones de intereses y patrimonio de los consejeros del Banco Central que nadie ve

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  • Todos los años, los cinco consejeros del Banco Central deben hacer sus declaraciones de patrimonio e intereses. De éstas se desprende que las dos mujeres que integran el Consejo, Stephany Griffith-Jones y Rosanna Costa, son las que tienen más alto patrimonio, que Pablo García se jubiló anticipadamente, que Alberto Naudon es el más endeudado,  que Luis Felipe Céspedes prefiere ahorrar en dólares y que ninguno tiene un automóvil del año. 
  • Más allá de estos datos que sirven para satisfacer la curiosidad, al revisar los registros desde 2017 hasta ahora, resulta evidente que algunas contienen errores, que no hay un solo criterio para hacerlas y que la supervisión sobre ellas es escasa.
  • Se encontró, por ejemplo, que en la declaración de Rosanna Costa desaparecen inversiones por $800 millones en 2018 que vuelven a aparecer al siguiente y que el Banco Central atribuye a un error del sistema.  O que el valor de una sociedad de Pablo García aumenta de $4 millones a $897 millones entre 2019 y 2021 debido, en parte, a que decidió informar el 100% del valor de la empresa y no el equivalente al 1% de su participación como lo había hecho anteriormente, sin que mediara aclaración alguna.
  • Estas y otras inconsistencias permanecían en el tiempo porque la fiscalización es de forma más que de fondo. 

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